Con la supuesta petición de 500 millones de pesos, por parte de un Juez de la Republica a cambio de declararse impedido y “torcer” el fallo, para que no concluya el juicio contra el exsecretario de Infraestructura Física Departamental de Arauca Edwin Alejandro Sarmiento Gutiérrez y el contratista Andrés Gilberto Pérez García, ambos vinculados al escándalo de sobrecostos en la llamada doble calzada, la cual tuvo un valor cercano a los 22 mil millones de pesos.
La denuncia interpuesta en la Fiscalía General de la Nación por MARIA AMPARO ACOSTA ARAGÖN, quien dice estar domiciliada en esta ciudad, contra VICTOR HUGO HIDALGO HIDALGO, Juez Primero Penal del Circuito de Arauca, dice entre otras cosas que: “el mencionado Juez ha aceptado la suma de dinero… para satisfacer sus necesidades personales, aceptando las pretensiones de los sindicados”, anexando como prueba, un oficio de ese despacho judicial, acusando al funcionario del delito de prevaricato por acción.
La curiosa denuncia solicita que el Juez HIDALGO HIDALGO “se declare impedido para continuar con el proceso bajo el radicado interno 81-001-31-04-001-2017-00092 contra los señores EDWIN ALEJANDRO SARMIENTO GUTIÉRREZ y ANDRÉS GILBERTO PÉREZ GARCÍA”. Con esta jugada pretenden dejar por fuera a la persona que viene adelantando el proceso y que lo conoce desde sus inicios; así mismo podrían dilatar el proceso, si persuaden al Juez de declararse impedido o si éstos lo recusan; buscarían cambiar de Juez para el caso o que se lleven el proceso para otra ciudad.
Lo que queda claro con esta maniobra, es que los sindicados no solo utilizan dudosos procederes en la administración pública, sino que también pretenden implementarlos en la administración de justicia, al mejor estilo de los grandes capos de la contratación del país.
Según pudo conocer Noticias Caracol de la Voz del Cinaruco, el Juez VICTOR HUGO HIDALGO HIDALGO no se declararía impedido, continuando así con el proceso. Vale la pena recordar que el ingeniero y exfuncionario departamental Alejandro Sarmiento, también tiene procesos pendientes por resolver en la Procuraduría General de la Nación y en la Contraloría General de la Republica.
