Ismael Zúñiga, antiguo gerente de Salud y Bienestar Animal del Fondo Nacional del Ganado, FNG, aseguró que el Gobierno debe asumir el pago de los animales. Por su parte, la Cuenta Nacional de Carne y Leche aclaró que los recursos saldrán del Ministerio de Agricultura.
Contrariados estaban los gremios ganaderos al enterarse que la compensación de los semovientes que debieron ser sacrificados tras la emergencia provocada por los focos de aftosa, saldría del nuevo fondo parafiscal.
Por ejemplo, Andrés Hoyos Arenas, presidente del Comité de Ganaderos de Norte de Santander, Coganor, se mostró en franco desacuerdo con la medida empleada por el Gobierno.
“Creemos que si bien es cierto que los ganaderos deben ser indemnizados, siempre y cuando hayan cumplido con la vacunación y tengan todos los papeles en regla, la fuente de esos recursos nunca deberá ser el fondo parafiscal”, declaró hace unos días a este medio.
Además, tanto representantes de otros gremios ganaderos como productores de las zonas afectadas han afirmado en repetidas ocasiones que los funcionarios del ICA y de la CNCL habían señalado que esta última se haría cargo de la indemnización.
CONtexto ganadero consultó con el doctor Ismael Zúñiga, PhD en Ciencias Veterinarias, quien fue el gestor y coordinador de las campañas de vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis desde 1997 hasta 2015. Gracias a su dirección, Colombia logró la acreditación como país libre de fiebre aftosa en 2009, que hoy en día está suspendida por cuenta de los recientes brotes.
El experto afirmó que la entidad sanitaria es la encargada de hacer el pago de los animales sacrificados, con recursos del Ministerio de Agricultura asignados por el Gobierno.
“Cuando aparece la enfermedad, el Ministerio pone el dinero y el ICA ejecuta las actividades para la erradicación de los focos. Esos mismos recursos son los que se utilizan para indemnizar a los ganaderos a los cuales se les sacrifican animales”, precisó Zúñiga.
Agregó que el FNG no intervenía en las acciones para tratar los focos que ocurrieron en los años 90 y 2000, pues su función primordial era ejecutar los ciclos de vacunación, excepto en ocasiones en que el ICA le pedía ayuda.
Sin embargo, toda la responsabilidad de compensar a los productores recaía sobre el Estado, pues la aparición del virus se debió a fallas de las autoridades, que no pueden ser respaldadas con dineros que, como se ha especificado en numerosas ocasiones, no constituyen un impuesto.
“Los ganaderos no pueden asumir los costos de eventos que se producen y que son responsabilidad del sector oficial, quien debe hacer esos gastos”, sostuvo.
El doctor en Ciencias Veterinarias se apoyó en el ejemplo de otros países, donde los servicios sanitarios y no los privados, son los que asumen la indemnización con recursos del Estado.
Aclaró que el pago no solamente incluye la compensación por los animales sacrificados, sino también la reparación de la infraestructura que se haya tenido que destruir para garantizar la erradicación total del virus.
Entre tanto, los productores de Arauca, Cundinamarca y Norte de Santander siguen esperando las ayudas prometidas por el ministro saliente Aurelio Iragorri. Fuente CONtexto.
