La Contraloría General de la República señaló al Ministerio de Educación por mantener un control ineficiente al Programa de Alimentación Escolar, PAE.
Los sistemas de información del Programa de Alimentación Escolar con los que cuenta el Ministerio de Educación Nacional, no permiten hacerle seguimiento a la totalidad de sus actividades y productos: la información existente no permite un seguimiento integral y eficaz de la ejecución del programa, y por lo tanto, tampoco permite adoptar correcciones oportunas de las falencias del servicio, dice el ente de control.
El Ministerio de Educación Nacional, durante 2016, no identificó los riesgos asociados a todos los procesos del programa, ni diseñó controles específicos y oportunos para su mitigación, en actividades como la asignación de recursos, distribución y transferencia de los mismos a las entidades territoriales, la conformación de la bolsa común, y el monitoreo y seguimiento a la ejecución de los recursos, así como en la fijación y seguimiento de objetivos, metas e indicadores.
La Contraloría General de la República evidenció debilidades en el diseño y formulación de los objetivos del programa, considerando que el PAE adolece de instrumentos certeros de medición, al punto que el mismo Ministerio de Educación Nacional, durante la auditoría de desempeño adelantada, manifestó encontrarse reformulando los objetivos generales y específicos del programa.
Ni el Ministerio de Educación Nacional, ni las entidades territoriales, han establecido indicadores coherentes que permitan vigilar y controlar el cumplimiento de los objetivos del programa, y los actuales resultan incompletos, impertinentes e inaplicables.
La información base con la que actualmente se cuenta, no sólo no es confiable, sino que dista mucho de servir para la toma de decisiones y como insumo a los sistemas de control.
La disminución inicial de la cofinanciación MEN para la vigencia 2016 y el cambio en los criterios de distribución de estos recursos, afectaron la conformación de la bolsa común en las entidades territoriales, que por consiguiente no lograron acceder oportuna y rápidamente a la consecución de estos recursos y los de otras fuentes para cofinanciar el Programa.
Los actores responsables del Programa tampoco respondieron con rapidez y oportunidad para subsanar las fallas en términos de planeación y aseguramiento presupuestal para el cumplimiento de las funciones, tal como lo señalaba la Sentencia T-273 de 2014, de la Corte Constitucional.
