La delegación del Gobierno colombiano en las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) denunció este miércoles “hechos que violan” el cese el fuego bilateral, tras el secuestro y asesinato de un policía y el reclutamiento de dos menores de edad.
“En primer lugar, en el día de ayer se conoció que el subintendente de la Policía Nacional, Anderson Alberto Hernández Villar, fue asesinado y su cuerpo hallado en el área de Los Almendros en Arauquita. El subintendente habría sido secuestrado por el ELN en el estado Apure de la República de Venezuela “, detalló la delegación en un comunicado.
A esto se suma el rescate este miércoles de dos menores de edad, de 13 y 16 años, que habrían sido reclutados de manera forzada por el ELN y que ahora están “en poder de autoridades militares” tras una operación llevada a cabo en la zona limítrofe entre los departamentos de Boyacá y Casanare.
La delegación calificó estos hechos como “inadmisibles y violatorios del Derecho Internacional Humanitario y del cese el fuego”, por lo que informará al Mecanismo de Monitoreo y Verificación del mismo
Por último, defendió que “ante la nueva prórroga del cese el fuego, se debe ampliar y fortalecer la protección de la población civil, así como lograr el funcionamiento eficaz de este mecanismo”.
El Gobierno colombiano y el ELN, que negocian un acuerdo de paz, tienen vigente un cese al fuego bilateral que finaliza el 3 de agosto.
Los diálogos viven un periodo de enfriamiento, con casi medio año sin celebrar un nuevo ciclo de conversaciones, debido a acusaciones cruzadas y las tiranteces entre las partes.
Sin embargo, el mes pasado en Caracas, en una reunión las delegaciones consiguieron ponerse de acuerdo para firmar el primero de los seis puntos de la agenda de diálogos, que hablaba sobre el esquema de participación de la sociedad.
Igualmente, el ELN llevó a cabo recientemente su VI Congreso, el mayor espacio de consultas de esa guerrilla, y en la declaración reafirmó su compromiso con la paz, pero apuntó a que el diálogo atraviesa “una grave crisis producida por incumplimientos de acuerdos por parte del Gobierno”, que hasta que no se “rectifiquen” no podrán “reanudarse las actividades de la Mesa”.
