Aceptarán víctimas de la masacre de Santo Domingo, Arauca, las disculpas del Estado.

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El 31 de agosto, el Estado colombiano en acto público deberá reconocer su responsabilidad y pedir disculpas a las víctimas del bombardeo de Santo Domingo. El acto público que se llevará a cabo en el caserío de Santo Domingo del municipio de Tame, Arauca, lugar donde el 13 de diciembre de 1998 la población fue

El acto público que se llevará a cabo en el caserío de Santo Domingo del municipio de Tame, Arauca, lugar donde el 13 de diciembre de 1998 la población fue víctima de un bombardeo, hecho en el que murieron 10 adultos y 7 niños, y además resultaron heridas 27 personas.

Este acto que se realizará 5 años después de emitido el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH[1] y tras varias acciones de tutelas instauradas por las víctimas. En la sentencia de la CIDH se ordenó al Estado colombiano realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del caso.

Trochando Sin Fronteras habló con las víctimas, los abogados y el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia para conocer su opinión respecto del acto.

Alba Janeth García una de las sobrevivientes de la masacre y testigo ante la CIDH, se declaró a la expectativa de lo que pueda decir el Estado y manifestó que: “nosotros como víctimas queremos que el gobierno reconozca que son los culpables de la masacre ocurrida en Santo Domingo y creemos que es un paso fundamental”. Así mismo Alba Janeth reclamó al Estado colombiano inversión social para Santo Domingo, que se atienda las personas afectadas en su salud y que se cumpla en un corto plazo la sentencia internacional.

Eliud Suárez, hermano de Pablo Suárez Daza, una de las personas fallecidas, expreso a Trochando Sin Fronteras que el acto que tendrá lugar el 31 de agosto no obedece a la voluntad del Estado afirmando que: “es el fruto de la constante lucha de los campesinos, las víctimas, los defensores de derechos humanos. Lo que queda es revisar y garantizar que esto no se vuelva a repetir jamás en la historia de nuestro país y el Estado colombiano tiene una deuda social con las víctimas de Santo Domingo, hay sentimientos encontrados detrás de todo esto porque ocurre después de 18 años”.

“No recibimos con alegría este evento, porque el gobierno vilmente acabó con nuestros familiares”, afirmó Pedro Martínez, hermano de Levis Orlando Martínez Carreño otra de las personas fallecidas en esta masacre.

Continuó Martínez afirmando: “con este acto público no van a revivir nuestros seres queridos, ni vamos a recobrar todo aquel tiempo que hemos sufrido y pasado dificultades a partir de la pérdida de nuestros familiares”.

Juan Carlos Torregroza, abogado de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, afirmó que si el acto del 31 de agosto se realiza conforme a lo dispuesto por la CIDH: “Se avanza en términos de la verdad y la dignidad, porque lo sucedido en Santo Domingo ofendió a la humanidad”.

La búsqueda de justicia en el sistema colombiano e internacional

Trochando Sin Fronteras habló con Tito Augusto Gaitán Crespo, abogado de las víctimas quien nos presentó un contexto histórico del proceso judicial.

El abogado Gaitán reseñó que desde el inicio el Estado buscó que el proceso fuera asignado a la justicia penal militar pero: “solo la persistencia de las víctimas logró que el proceso pasara a la justicia ordinaria, donde hubo por muchos años dilación”. Por estos hechos se adelantaron cuatro procesos: el penal, el disciplinario, el contencioso administrativo y un proceso ante el sistema Interamericano de Derechos Humanos- DD.HH.

En el proceso penal adelantado por el abogado Gaitán, el cual lo califica como “paquidérmico”, se ha condenado a dos oficiales de la Fuerza Aérea colombiana-FAC, quienes eran los tripulantes del helicóptero desde el que se descargaron las bombas. Fueron condenados a 35 años, el proceso está en la Corte Suprema de Justicia, a la espera de que resuelva la casación. Ese es el último recurso. Hay otro proceso penal contra otros dos oficiales de la FAC en la fiscalía, esos dos funcionarios estuvieron presos cuatro meses, salieron por vencimiento de términos, “el proceso contra ellos continúa, también con mucha dilación”, concluyó el abogado.

Frente al quehacer para que se haga justicia en este caso el abogado Tito Augusto Gaitán Crespo destacó: “Seguir persistiendo de manera colectiva, no olvidar y persistir. El Estado apuesta al cansancio de las víctimas y las organizaciones, por eso es importante tener los esfuerzos colectivos para que estos hechos no se borren de la memoria”

Insistió el abogado Gaitán que aún en el caso: “hace falta que haya verdad y justicia, porque los agentes estatales responsables del crimen siguen negándose a asumir responsabilidad y defendiéndose acusando a las víctimas de prestarse de la mano de las FARC – EP a la que sindican de haber perpetrado el hecho, de realizar un montaje judicial contra la Fuerza Aérea”.

Al acto del 31 de agosto asistirá el ministro de justicia Enrique Gil Botero y el comandante de la VIII división del ejército.

El Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente a través de Liliana Roa expresó que: “este acto es un esfuerzo de las luchas permanentes del movimiento social, pero no es suficiente un evento como este para que haya verdad, justicia, castigo para los responsables. Es un principio y la lucha tiene que seguir”.

 

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